Lastimosamente el pasado 6 de diciembre del 2022 se presentó una iniciativa con proyecto de decreto que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos Políticos y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; expidiendo así, la Ley General de los Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Luisa Gutiérrez Ureña explica “históricamente muchos derechos se han vulnerado, derivado de la división de clases sociales, creencias, preferencias, origen étnico, etc. Sin embargo, al paso del tiempo muchas personas han trabajado en visibilizar a grupos que se encuentran en estado de vulnerabilidad, en materia del ejercicio de sus derechos político-electorales”.
“El proceso de dictaminación de la iniciativa antes mencionada, deja mucho que desear, es lamentable que deje de lado las repercusiones que se tendrán en caso de ser aprobada, ya que vulnera los derechos político-electorales de las Mujeres, Personas Indígenas, Migrantes, Residentes en el Extranjero, Personas con Discapacidad, Personas Afromexicanas y Personas de la Diversidad Sexual”.
Argumentó “la reforma contempla reducir un 84.6% del Servicio Profesional Electoral y desaparecer la rama administrativa, con ello se modifica la estructura del INE y se vulnera la autonomía e independencia para garantizar comicios libres, auténticos y periódicos”.
“Se tiene una afectación directa a las condiciones de equidad en la contienda y el ejercicio del sufragio libre, afectan también el modelo de fiscalización y restringe la capacidad del INE en favor de las condiciones de equidad en las contiendas, es decir, se abre la puerta a que las y los funcionarios públicos tengan injerencia en las elecciones, lo cual generará aún más el uso faccioso de la institución”.
“Se pone en riesgo la organización de elecciones y de mecanismos de participación ciudadana como la Consulta Popular y la Revocación de Mandato, se afectan los derechos político electorales y de identidad de la ciudadanía y los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras del INE”.
De acuerdo con el consejero presidente del INE, las modificaciones promovidas con este “Plan B” constituyen “una medida regresiva”, pues limitan los espacios en las cámaras legislativas para personas indígenas, migrantes, residentes en el extranjero, con discapacidad, Afromexicanas y de la diversidad sexual, ya que topa dicha representación a 25 curules, siendo que tiene al día de hoy 65.
Finalizó “este punto de acuerdo solicita al Congreso de la Unión, realice parlamentos abiertos antes de la aprobación de esta reforma, regresiva y con el objetivo de vulnerar los derechos político electorales de mujeres y diversos grupos, que han luchado por alzar la voz y visibilizar sus necesidades”.
