Rumbo a la discusión del llamado “Plan B” en materia electoral, programada para la siguiente semana en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal (CJEF) subrayó que de invalidarse el proceso legislativo con el que se avalaron dichas reformas, la Corte “estaría sustituyendo al Congreso de la Unión
tratarse de un poder derivado, sin legitimación popular, la SCJN no debe restringir las atribuciones que la norma fundamental concede al Poder Legislativo para regular el trámite de elaboración de las normas, siempre y cuando sean resultado de la voluntad mayoritaria de los integrantes del Congreso de la Unión. De hacerlo, violará el principio de división de poderes y el equilibrio que debe existir entre estos”, indicó este domingo la CJEF mediante un comunicado.
Además, sostuvo que debe prevalecer el fondo sobre la forma, ya que así lo prescribe el artículo 17 constitucional, criterio que, agregó, fue utilizado por la SCJN al resolver el recurso de reclamación 66/2021, relacionado con la Ley de Hidrocarburos.
En esa discusión, el alto tribunal estimó que los formalismos procedimentales no deben prevalecer sobre la resolución del fondo, “por lo que se espera que sea congruente con dicho criterio al resolver la presente acción de inconstitucionalidad”.
Previo al debate en el pleno de la Corte previsto para iniciar este lunes, luego que la Corte descartó una solicitud de la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República con la que pedía atender primero una controversia constitucional promovida desde 2018 a la Ley de Comunicación Social, antes de iniciar la discusión sobre el Plan B, la CJEF aseveró que al rechazar la petición, la Corte «demuestra que existen dos parámetros distintos”.
El primero, dijo, es “para revisar las leyes del régimen neoliberal (en cinco años no se ha querido dictar sentencia), y otro distinto para las normas que legítimamente expide la soberanía popular en busca de la trasformación que exige el pueblo de México (se resolvería en tres meses), a pesar de que se trata de la misma norma impugnada”, apuntó la CJEF.
