Ciudad de México, a 07 de Octubre de 2023.-
Columna Invitada
El castigo al poder judicial
Por Héctor Saúl Téllez
La receta es la misma, toda persona o grupo de personas que no se alinean a sus caprichos y deseos, serán castigados. Y la forma de hacerlo, es a través de reducir el presupuesto, o de la omisión de nombramientos para la operación de órganos autónomos, pero esta vez, el presidente va contra otro poder: el Judicial.
Ejemplos sobran, el castigo al presupuesto del Instituto Nacional Electoral (INE), la orden a los serviles legisladores de la autoproclamada 4T omitir el nombramiento de comisionados del órgano garante de la transparencia y la rendición de cuentas, el INAI para dejarlo inoperante; pero, sobre todo, para evitar la fiscalización de su mal gobierno.
Tras el cambio en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el nombramiento de la ministra Norma Piña como presidente, y los fallos que han incomodado al inquilino de Palacio Nacional, éste declaró una abierta confrontación con uno de los poderes que dan equilibrio a la vida democrática del país.
Y no solo son los berrinches presidenciales de no establecer ningún tipo de relación con otro de los poderes del Estado, sino que ahora, como han advertido los serviles legisladores obradoristas, van por un recorte de 25 mil millones de pesos al presupuesto del Poder Judicial y, si no fuera suficiente, pretenden desaparecer sus fideicomisos.
Como ya es costumbre con Morena y sus aliados legislativos, pretenden aprobar esta aberración “fast track”, toda vez que la iniciativa fue turnada con trato preferencial a la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Aquí empiezan los tropiezos y errores.
La iniciativa no tiene carácter presupuestal, debió turnarse a las Comisiones de Justicia, y de Trabajo y Previsión Social. Como secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, solicité el retiro del análisis de la iniciativa, toda vez que dicha comisión no tienen competencia ni facultades en ese proceso porque no modifica una sola ley de carácter presupuestal.
La iniciativa en cuestión no propone reformas o adiciones a la Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, ni la de Ley de Gasto y Disciplina financiera; tampoco con la Ley de Austeridad o la de Coordinación Fiscal. Se trata de una reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y a la Ley Reglamentaria del Artículo 123 Constitucional, referente a las condiciones de los trabajadores al servicio del Estado.
Los sumisos diputados del bloque oficialista pretenden que el próximo martes en la sesión de pleno se discuta y vote esta iniciativa; sin embargo, presentaremos mociones suspensivas por el error en turno a la Comisión de Presupuesto. Una vez salvado este obstáculo atacaremos de fondo tan cuestionable iniciativa.
Sin embargo, no se descarta que Morena y aliados aprueben el dictamen en pleno. En este caso, recurriremos a la siguiente instancia que es una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El dictamen plantea la extinción de 13 de 14 fondos que existen actualmente en el Poder Judicial de la Federación y que, al segundo semestre de 2023, sumaban un monto de 21 mil 554 millones de pesos.
Con la reforma, el Ejecutivo federal pretende allegarse de unos 15 mil 450 millones de pesos, toda vez que sólo uno de los 14 fondos se encuentra considerado en la ley y no podría extinguirse.
El presidente y su recua legislativa no van contra los supuestos privilegios de los jueces, magistrados y ministros, pretenden vulnerar los derechos laborales adquiridos por los trabajadores del Poder Judicial de la Federación, no solo de los altos mandos, sino de toda la estructura, incluye a mandos medios y personal de base.
