- Esta práctica debe catalogarse como violencia sexual.
La senadora Geovanna Bañuelos propuso modificar la Ley General de Salud, para erradicar del país la práctica de esterilización forzada y castigar a quienes la ejerzan sin el consentimiento de los pacientes.
Mediante una iniciativa que busca reformar el artículo 67 de la Ley General de Salud; y el artículo 6 de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la coordinadora del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pretende mejorar los mecanismos jurídicos en correspondencia con el respeto hacia los derechos humanos.
«La iniciativa busca que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, cumplan con su obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de las mujeres», señala la legisladora en el documento inscrito en la Gaceta del Senado de la República.
Para ello se propone reformar el artículo 67 de la Ley General de Salud para eliminar el concepto de parejas y señalar que la información anticonceptiva debe ser otorgada a todas las personas.
Asimismo, plantea establecer que es necesario el consentimiento expreso, informado, previo y por escrito del paciente para la práctica de cualquier método o procedimiento quirúrgico, químico o de cualquier otra índole que conduzca a la esterilización.
«El paciente debe contar con toda la información necesaria para poder decidir libremente y sin presiones, con pleno conocimiento sobre las características y las consecuencias, así como la irreversibilidad del procedimiento», detalla Geovanna Bañuelos.
Además, se propone que el documento donde se exprese y ratifique la aprobación deberá estar redactado en la lengua o idioma nativo del paciente.
Geovanna Bañuelos destaca que de acuerdo con Naciones Unidas, los derechos reproductivos y sexuales se basan en el reconocimiento del derecho básico de todas las parejas e individuos a decidir libre y responsablemente el número de hijos, el espaciamiento de los nacimientos y a disponer de la información y de los medios para ello, así como el derecho a alcanzar el nivel más elevado de salud sexual y reproductiva.
No obstante, en México persisten violaciones de estos derechos, como la negación al acceso de los servicios médicos para las mujeres gestantes o su dilación, el maltrato intimidaciones, regaños, humillaciones, así como la coacción para que las mujeres acepten un método anticonceptivo permanente cuando ellas se encuentran en una situación de gran vulnerabilidad.
«El Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), define a la esterilización forzada, como la imposición de un método anticonceptivo definitivo, sin tomar en cuenta (o contraviniendo) la voluntad de la persona», menciona la legisladora por Zacatecas.
GIRE señala que, en ocasiones, el consentimiento informado tiene vicios de origen, pues es recabado con violencia a través de intimidaciones, regaños, humillaciones e incluso condicionando la atención médica a las mujeres para que no lo firmen.
La iniciativa también propone que en materia de planificación familiar, las acciones de información y orientación educativa en las comunidades indígenas deberán llevarse a cabo preferentemente en la lengua o lenguas indígenas en uso en la región o comunidad de que se trate.
Mientras que la Ley General para el Acceso de las Mujeres se reforma para la esterilización forzada se catalogue como violencia sexual.
«En el Partido del Trabajo estamos comprometidos a actuar para promover, proteger, defender y garantizar el ejercicio de los derechos humanos de todas las personas», concluye Geovanna Bañuelos.
La iniciativa fue turnada a las comisiones unidas de Salud, para la Igualdad de Género y de Estudios Legislativos para su análisis y posterior dictamen.
