A las personas con discapacidad se les niegan oportunidades de trabajo, escolarización y plena participación en la sociedad.
“El día de ayer presenté una iniciativa, de la que haré, en este espacio, una breve reseña y la cual consiste en reformar y adicionar la Ley para la Integración al Desarrollo de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, para la inclusión de elementos legales enfocados a garantizar la difusión de las acciones institucionales, las acciones para el acceso a la justicia de las personas con alguna discapacidad, así como el acceso, movilidad y libre tránsito en los entornos institucionales, urbanos y espacios públicos”.
Lo anterior fue comentado por la diputada priista Silvia Sánchez Barrios durante su exposición en la tribuna del Congreso de la Ciudad de México.
Asimismo, dejó en claro que en la capital las personas con algún tipo de discapacidad aún sufren alguna discriminación, distinción, exclusión o restricción por motivos de su condición, “que tienen efectos de obstaculización o que limitan o dejan sin efecto el reconocimiento, goce o ejercicio, en igualdad de condiciones de todos los derechos humanos y libertades fundamentales en los ámbitos político, laboral, económico, social, cultural, civil o de otro tipo”.
Por otro lado, comentó que faltan programas sociales que no tengan enfoque o carácter meramente asistencial y que esto es aún visible en las políticas públicas de la ciudad, por lo que se recrudece en zonas de alta marginación. “Las personas, dijo, discapacitadas o con algún tipo de discapacidad, que además tienen una condición de pobreza, son sujetas a una doble discriminación, situación que las hace más vulnerables”.
Agregó la representante popular que, de acuerdo a datos oficiales, en el mundo hay al menos mil millones de personas con discapacidad que, “como se ha señalado generalmente son los más pobres entre los pobres. Su estigmatización y discriminación son frecuentes en todas las sociedades. A las personas con discapacidad se les niegan a menudo oportunidades de trabajo, escolarización y plena participación en la sociedad, lo cual constituye un obstáculo a su prosperidad y bienestar”.
Además, dijo que comulga con los criterios de la Organización de las Naciones Unidas ONU, en la Declaración Universal de Derechos Humanos y en los Pactos Internacionales de Derechos Humanos, los que han reconocido y proclamado “que toda persona tiene los derechos y libertades enunciados en esos instrumentos, sin distinción de ninguna índole, la universalidad, indivisibilidad, interdependencia e interrelación de todos los derechos humanos y libertades fundamentales, así como la necesidad de garantizar que las personas con discapacidad los ejerzan plenamente y sin discriminación”.
Por lo anterior, agregó “el objeto de esta Iniciativa, es el de establecer la obligación de las autoridades encargadas de promover y garantizar los derechos de las personas con discapacidad para lograr su interacción y participación en todos los ámbitos de la vida diaria, principalmente en el social, económico, político, cultural y recreativo”.
Por lo que señaló “es indispensable lograr la difusión de las acciones institucionales, ya que, a mayor cobertura, se podrían ampliar las acciones y programas en favor de este sector de la población lo que sin duda favorecerá a personas, familias y grupos.”.
Finalmente, dijo “la iniciativa plantea la armonización de la denominación de autoridades como lo es la actual fiscal general de Justicia y las autoridades jurisdiccionales, incluyendo al Tribunal de Justicia Administrativa”.
