Ciudad de México, 09 de abril.- Porque en México siete de cada diez mujeres han sufrido algún tipo de violencia psicológica, física, sexual, económica o patrimonial y tan solo el año pasado se registraron 732 feminicidios en el país, es decir dos por día, la reforma para homologar el tipo penal en todo el país significa uno de los mayores avances para desmontar el machismo y obligar a las entidades a dejar la simulación y estrenar una política de averiguaciones con perspectiva de género.
Así lo señaló la senadora Guadalupe Chavira de la Rosa, quien destacó la importancia de la reforma constitucional que será votada el próximo martes para incluir al feminicidio dentro de los delitos graves, porque es una respuesta estructural del Estado mexicano al problema.
“Es abrir el camino para que exista una legislación general que homologue bases mínimas para todo el país: tipificación, sanciones, agravantes, investigación con perspectiva de género, coordinación entre federación y entidades federativas, acceso efectivo a la justicia, reparación integral del daño y protección reforzada para niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio”.
Afirmó que la homologación del tipo penal, que hoy varía en las entidades desde los 20 años hasta la prisión vitalicia, no es un ajuste técnico menor, sino la posibilidad de construir una arquitectura nacional más seria, coherente y justa frente al crimen más atroz contra las mujeres que es el feminicidio, con la que se acompañarán los esfuerzos del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha desplegado acciones que van desde la creación de la Secretaría de la Mujer, hasta directrices específicas en el “Programa Sectorial de las Mujeres 20252.
La secretaria de la Comisión de Estudios legislativos presentó una numeralia del comportamiento del feminicidio a nivel global y como impacta en México.
De acuerdo con el informe Feminicidios, realizado por ONU Mujeres y la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) es un problema generalizado en todo el mundo Tan solo en 2023, 85 mil mujeres y niñas fueron asesinadas intencionalmente y el 60% de estos homicidios, alrededor de 51 mil, fueron cometidos por una pareja íntima o por algún familiar.
Asimismo, el informe da cuenta que cada día 140 mujeres y niñas mueren a manos de su pareja o de un integrante de su familia, lo que implica que una fallece cada 10 minutos.
En el caso de México, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública registra una tendencia descendente en la comisión de feminicidios de enero de 2021 a febrero de 2026. Mientras que en 2021 se registraron mil 22 víctimas a nivel nacional, en 2025 ocurrieron 732.
En tanto que de enero a febrero de este año se han registrado en total 94 víctimas de feminicidio, 39 de éstas en Sinaloa, Ciudad de México, Veracruz y Chiapas
A su vez, la tasa nacional de víctimas de feminicidio en este año es de 0.14 por cada 100 mil mujeres, en su mayoría mayores de 18 años.
La legisladora subrayó que, en este esfuerzo por combatir el feminicidio, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum no parte de cero, porque en el mandato de Andrés Manuel López Obrador hubo acciones como la iniciativa Spot Light y otras que han sido reforzadas en el esta administración, en la que las mujeres han sido colocadas al centro de la política pública.
“Estamos parados sobre una historia de lucha de madres, de hijas, de hermanas, de colectivas, de defensoras, de académicas y de sobrevivientes que le arrancaron al Estado mexicano la obligación de ver lo que durante demasiado tiempo se quiso ignorar. Y esa historia también nos obliga a reconocer algo que duele profundamente: en México, casi todas las mujeres han sido tocadas por este flagelo”.
Guadalupe Chavira sostuvo que es hora de desmontar el machismo con estas reformas, pero también con educación, comunidad, política pública, presupuesto, justicia, transformación institucional y con voluntad ética de Estado, porque no se trata solo de sanciones.
“Significa reconocer que la violencia de género no se combate sólo con fiscalías y códigos penales, sino también con autonomía económica, con servicios públicos, con salud, con cuidados, con educación y con justicia cotidiana. Significa asumir que una mujer atrapada en la dependencia económica, en la sobrecarga de cuidados o en la ausencia de redes institucionales está también en una condición de mayor vulnerabilidad frente a la violencia”.
