La senadora Ana Lilia Rivera Rivera expresó su respaldo a la propuesta anunciada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para trasladar la próxima elección del Poder Judicial de 2027 al domingo 4 de junio de 2028, al considerar que los ajustes planteados mejorarán las condiciones de organización del proceso electoral y fortalecerán la participación ciudadana.
La legisladora tlaxcalteca señaló que la experiencia derivada de la primera elección judicial abrió la posibilidad de perfeccionar mecanismos técnicos y operativos que permitan a las y los ciudadanos ejercer su voto de manera más sencilla, clara y ordenada.
Ana Lilia Rivera recordó que uno de los principales objetivos de la reforma judicial ha sido acercar la impartición de justicia a la ciudadanía y romper con prácticas alejadas del interés público, por lo que consideró pertinente revisar los procedimientos electorales para garantizar procesos más accesibles y transparentes.
“La transformación del Poder Judicial requiere instituciones sólidas, reglas claras y una participación ciudadana informada. Cualquier adecuación que permita fortalecer la confianza pública y facilitar el ejercicio democrático debe analizarse con responsabilidad y visión de Estado”, expresó.
También refirió que desde la discusión de la reforma constitucional en materia judicial ha defendido la necesidad de democratizar las estructuras del Poder Judicial, bajo el argumento de que durante décadas prevalecieron privilegios y mecanismos alejados de la vigilancia ciudadana.
En ese sentido, consideró relevante que la propuesta del Ejecutivo federal contemple simplificar las boletas electorales, homologar criterios de evaluación de aspirantes y evitar que la ciudadanía tenga que trasladarse a distintas casillas para participar en elecciones concurrentes.
Rivera Rivera destacó que la posibilidad de realizar la elección judicial junto con otros procesos constitucionales en 2028, permitiría optimizar recursos públicos y dar mayor certeza organizativa a las autoridades electorales.
La senadora se pronunció porque las modificaciones planteadas se discutan con apertura y responsabilidad en el Congreso de la Unión, privilegiando siempre el fortalecimiento institucional y el derecho de las y los mexicanos a participar de manera efectiva en las decisiones públicas.
