Como se anticipó y se denunció durante la discusión de la reforma que amplía la presencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, Morena incumple el compromiso de fortalecer a las policías estatales y municipales, violando la Constitución al no cumplir lo estipulado en la reciente reforma.
En el Presupuesto de Egresos de la Federación 2023 no se está creando ningún fondo específico para el fortalecimiento de las capacidades de las policías locales. Al contrario, se está configurando una modificación para confiscar recursos destinados a la seguridad pública local y llevarlos a la administración discrecional desde la Federación.
Mediante una reserva, Morena plantea que 1 mil millones de pesos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública (FASP), recursos que se destinan directamente a las entidades federativas para seguridad, sean ahora dirigidos al Secretariado del Sistema Nacional de Seguridad Pública, una instancia meramente administrativa, que manejará dichos recursos a discreción para supuestamente cumplir con el Quinto Transitorio. Sin embargo, en cualquier caso, no se están destinando recursos adicionales a la seguridad pública local, sino que se están llevando recursos de una partida a otra, afectando al FASP, el más importante para la seguridad pública de estados y municipios.
Esta modificación es un retroceso porque confisca recursos que originalmente se destinarían a los estados para seguridad pública, y es una traición al compromiso que asumió el Gobierno Federal de fortalecer a las policías locales.
Además, incumpliendo lo que dice la reforma, que a partir del 2023 se creará un fondo de «forma separada e identificable respecto de cualquier otro ramo o programa destinado a otros propósitos», para «apoyo a las entidades federativas y municipios destinado al fortalecimiento de sus instituciones de seguridad pública»
En Movimiento Ciudadano sostenemos que la única vía para recuperar la paz es el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública de los tres órdenes de gobierno, y que lograrlo requiere un esfuerzo del Estado mexicano y no actos de simulación con los que se debilita aún más a las policías estatales y municipales de México.
