Morena exigió la destitución del presidente de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados, Pablo Angulo (PRI), a quien acusó de contubernio
con el juez décimo sexto de distrito en materia administrativa, Gabriel Regis López, para decidir la suspensión de la elección del titular de la Unidad de Evaluación y Control (UEC) de la Auditoría Superior de la Federación.
Aleida Alavez, vicecoordinadora de Morena, aseguró que Regis ha concedido amparos contra reformas impulsadas por el movimiento. Refirió que el pasado 17 de marzo otorgó una suspensión contra el plan B electoral, aprobado por la Cámara de Diputados; el 7 de julio de este año concedió una suspensión definitiva a la empresa Cobre del Mayo contra todos los efectos de la Ley Minera, aprobada por el Congreso de la Unión a finales de abril.
Y el 20 de octubre dio un amparo para que el presidente Andrés Manuel López Obrador no se exprese acerca de la extinción de 13 fideicomisos del Poder Judicial.
Ese mismo día concedió la suspensión contra el proceso de la UEC, ante la inconformidad de una participante que, explicó Alavez, no cumplió con los requisitos de ley, porque no se separó de su cargo un año como mínimo
.
Denunció que Pablo Angulo rindió un informe justificado
al juez, sin consultar a la presidencia de la mesa directiva, que tiene la representación legal de la Cámara de Diputados
, a pesar de que se trató de una suspensión anómala, porque la Comisión de Vigilancia ya había entregado la terna correspondiente
para someterla al pleno.
En la tarde acudió a San Lázaro la cantante Gloria Trevi para agradecer
a legisladoras la aprobación de ayer de reformas a la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos Delitos, cuando ella está demandada en Estados Unidos por la vía civil por víctimas de abuso sexual.
También aprobaron por mayoría cambios a la Ley Federal de Protección al Consumidor, para que la garantía de aparatos electrónicos pase de tres a 12 meses, de manera que ningún vendedor podrá argumentar que las quejas se presenten ante el fabricante. La minuta se remitió al Senado para revisión.
