A horas de la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo a Tlaxcala, integrantes de la estructura operativa de Alfonso Sánchez García intensificaron actividades territoriales, entre ellas la entrega de despensas, al tiempo que se denunciaron acciones para interferir en el levantamiento de una encuesta estatal de la empresa Mendoza y Asociados.
De acuerdo con información obtenida sobre el operativo, integrantes de dicha estructura habrían interceptado nuevamente a coordinadores del equipo de encuestadores, con la intención de colocar personas en puntos donde oficialmente se estaban aplicando los cuestionarios. El señalamiento apunta a una presunta estrategia para favorecer a Sánchez García en los resultados del ejercicio.
La denuncia ocurre en un contexto en el que, según las tendencias de distintas mediciones conocidas hasta ahora, Ana Lilia Rivera Rivera mantiene una ventaja de alrededor de tres a uno sobre Alfonso Sánchez García.
El levantamiento se realizó en todo el estado entre el domingo 13 y el miércoles 16 de septiembre. El personal encuestador tuvo como punto de hospedaje la ciudad de Tlaxcala y se desplazó hacia los distintos municipios considerados en la muestra.
De manera paralela, se reportó que la estructura identificada con Alfonso Sánchez García intensificó durante estos días el reparto de despensas en distintos puntos del estado.
Las entregas, según los señalamientos, forman parte de una actividad territorial que habría cobrado mayor intensidad precisamente en los días previos a la visita de la presidenta Claudia Sheinbaum.
La encuesta incluyó preguntas sobre la percepción ciudadana del trabajo de la gobernadora Lorena Cuéllar Cisneros y midió, entre otros aspectos, las preferencias para la Coordinación estatal entre Irma Jordania Garay, Raymundo Vázquez Conchas, Ana Lilia Rivera Rivera, Alfonso Sánchez García, Salvador Santos Cedillo y Carlos Augusto Pérez Hernández.
También se incluyeron reactivos relacionados con honestidad, cercanía con la ciudadanía, conocimiento del estado y cumplimiento de compromisos de las personas consideradas en el ejercicio.
El operativo, según la información proporcionada, contó con mecanismos tecnológicos para verificar la aplicación de los cuestionarios.
Los encuestadores utilizaron tabletas con geolocalización sincronizada y registro de cada entrevista, lo que permitiría identificar el lugar y momento en que fueron levantados los cuestionarios.
La denuncia señala una participación activa de Fernando Rodrigo López Torres y Noé Hernández Rojas en las acciones de seguimiento e interferencia al operativo. Ambos tienen antecedentes laborales en el Congreso del Estado de Tlaxcala. En septiembre de 2024, el Congreso designó a López Torres como director Jurídico y a Hernández Rojas como secretario Parlamentario.
López Torres actualmente se desempeña como magistrado del Tribunal Colegiado de Apelación del Vigésimo Octavo Circuito, con residencia en Apizaco, de acuerdo con el directorio oficial del Poder Judicial de la Federación.
La acusación apunta a que la presunta intervención buscaba conocer y alterar las condiciones del levantamiento en campo, particularmente mediante la presencia de personas ajenas al ejercicio en lugares donde se encontraban los encuestadores.
Hasta ahora, los señalamientos forman parte de una denuncia sobre el desarrollo del levantamiento y deberán ser contrastados con la empresa Mendoza y Asociados y con las personas señaladas.
La existencia de mecanismos de geolocalización y registro de los cuestionarios podría ser determinante para verificar si hubo entrevistas realizadas fuera de los puntos establecidos o cualquier otra irregularidad en el trabajo de campo.
