Columna Destacada
¿Fragilidad en los costos de la democracia?
Por: Sarahí Uribe
De cara a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación para el próximo año en la Cámara de Diputados, los legisladores tendrán la obligación de garantizar seguridad y protección económica a la jornada electoral que se avecina y en la que se disputarán más de 20 mil cargos.
La responsabilidad de las cifras y los dados cargados en el ejercicio fiscal, definirá la protección de los comicios más importantes en la historia de nuestro país en el que se renovará la presidencia, el Congreso de la Unión, ocho gubernaturas, además de que se deberá relevar al jefe de Gobierno, en la Ciudad de México.
También, estarán en juego las 16 demarcaciones de la capital, 160 concejales, así como mil 787 ayuntamientos, mil 973 sindicaturas en 29 estados y 14 mil 160 regidurías.
Por lo que para llevar a cabo este ejercicio democrático que culminará el próximo 2 de junio de 2024, el Instituto Nacional Electoral (INE) solicitó a la Cámara baja, un presupuesto de 23 mil 757 millones de pesos.
En este, se contemplan los gastos para cubrir proyectos referentes a la realización de los conteos rápidos, el voto de personas en prisión preventiva en todo el país con efectos vinculantes, el voto anticipado vinculante, el voto presencial electrónico para los mexicanos residentes en el extranjero, así como la implementación de un mayor número de urnas electrónicas en casillas.
De acuerdo con las declaraciones de diversos integrantes del Consejo General, esta solicitud a la Cámara de Diputados también busca proteger los derechos políticos y electorales de la ciudadanía, la observación electoral, la postulación paritaria y la equidad en las contiendas.
Bajo esta tesitura, le tocará a los Grupos Parlamentarios en San Lázaro, analizar, discutir y en su caso aprobar o echar para atrás la solicitud del INE presidido por la consejera Guadalupe Taddei. Por lo que la fragilidad del costo de la “Fiesta de la Democracia” podría ser una realidad bajo los gritos de austeridad que se escuchan desde Palacio Nacional.
Aunque la decisión final está en las manos de los morenistas –quienes ya amagaron con un recorte de tres mil millones de pesos, bajo el argumento de que se podrían “eficientar” funciones para reducir costos de las actividades electorales. Esta advertencia será la afrenta entre el resto de las bancadas y los cabildeos que se den en los pasillos de la Cámara baja que tendrán que exponer los rubros y alcances del dinero solicitado para hacer efectivos los derechos políticos-electorales de los ciudadanos y garantizar elecciones libres y seguras.
