• Expertos estiman que entre 260 mil y 357 mil connacionales, han abandonado sus hogares por motivos que van desde la pobreza y desastres naturales, hasta la inseguridad y violencia
• Reprocha Sodi la ausencia de un registro nacional de víctimas de desplazamiento forzado interno y emplaza a trabajar un presupuesto para frenar el conflicto
• Estima gobierno federal que 38 personas dejan sus hogares a diario por la violencia
• La Cámara de Diputados aprobó el 29 de septiembre de 2020, la Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno. Desde entonces está pendiente su ratificación en el Senado de la República
El Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática, a través de la Diputada Gabriela Sodi Miranda, hizo un llamado a sus contrapartes del Senado de la República para que aprueben a la brevedad, la Minuta sobre la “Ley General para Prevenir, Atender y Reparar Integralmente el Desplazamiento Forzado Interno”, avalada en este recinto desde hace tres años, y se comience a trabajar con la Secretaría de Hacienda para definir los recursos necesarios para atender la crisis que ha llevado a que más de 350 mil connacionales abandonen sus hogares por la violencia, principalmente.
En el marco del foro: “Los Retos del Desplazamiento Forzado Interno en México”, organizado por la Comisión Bicamaral de Concordia y pacificación; la legisladora federal Gabriela Sodi participó en la Mesa 1, denominada: “Estado actual del desplazamiento forzado interno en México”, donde destacó que, como representante del Distrito 12, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR), ha sido objeto de constantes llamados y solicitudes para que se atiendan las condiciones de hacinamiento, dignidad y derechos humanos de las personas migrantes y desplazadas que buscan respaldo del gobierno mexicano; pero también que se garantice la sana convivencia con quienes habitan las colonias aledañas.
“Debemos saber qué hacer con este hacinamiento humano que quisiéramos que tanto migrantes como refugiados y desplazados, no pierdan sus derechos humanos; ni tampoco todos quienes son impactados por estas multitudes. Hemos visto que los esfuerzos no han logrado su objetivo”, aseveró.
En este sentido, la perredista llamó a sus pares en el Senado, Nestora Salgado (Secretaria de la Comisión de Derechos Humanos) y María Graciela Gaitán Díaz (integrante de la Comisión Bicamaral de Concordia y Pacificación) presentes en este foro, a que contribuyan con sus compañeros de Morena para que esta Minuta pase y no la regresen, para poder avanzar en el tema.
“Con esta Ley General de Desplazamiento Forzado Interno –refirió- la COMAR se convertiría en COMARDI (Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados y Desplazados Internos), y saldría del Distrito 12 para situarse en un mejor espacio que favorecería la vida y derechos humanos, tanto de quienes están en tránsito, como de quienes habitan la zona.
La también Presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables de la Cámara de Diputados precisó que el problema de los desplazamientos forzosos y forzados se ha ido incrementando en las últimas décadas”, principalmente por la violencia generalizada en estados como Oaxaca, Guerrero, Michoacán, Chiapas y Zacatecas. Y tras criticar la falta de un registro nacional de víctimas de desplazamiento forzado interno, retomó cifras que hablan de un promedio de 38 personas que abandonan sus hogares, diariamente, debido a la inseguridad.
“La violencia que han generado grupos criminales, ha tenido como consecuencia, crímenes de lesa humanidad como: Ejecuciones, desapariciones forzadas de personas, desplazamiento forzado, tortura, amenazas de muerte, intimidación, destrucción de propiedades, entre otras graves violaciones a los derechos humanos”.
Y expuso que aun cuando ha habido comunicación permanente con el Subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas; los resultados no han sido los deseados ante la vulnerabilidad y pobreza estructural que agravan las condiciones de las víctimas de desplazamiento forzado, sin dejar de mencionar otros derechos dañados como los civiles, constitucionales, seguridad, la libertad a tener una vivienda, así como los políticos, sociales, y culturales.
Relató que el desplazamiento forzado impacta preocupantemente sobre el ámbito cultural de las regiones: “Pertenezco a la Comisión de Cultura y hemos discutido muchísimo la ‘lesa cultural’ que estas personas y familias sufren; sobre todo, cuando su base fundamental -la identidad y autonomía- quedan totalmente desgarrados y desaparecen”.
“La Suprema Corte de Justicia –añadió- mandató a la Cámara de Diputados, legislar en materia educativa para los pueblos indígenas, y ha sido muy complicado en el caso de las zonas de desplazamiento forzado, porque no tenemos ningún referente cultural ni nada que pueda ser inclusivo para los pueblos originarios, y aun cuando el gobierno ha dado esta batalla, no ha podido resolver”.
Por ello, concretó Gabriela Sodi Miranda, es necesario dar seguimiento, cuidado y resolución oportuna, a las peticiones de los migrantes, los refugiados, los desplazados y personas en vulnerabilidad. Nuestro deber es mostrar voluntad política, exigir a los tres órdenes de gobierno trabajar en una sola dirección para evitar desencuentros; dar atención a la problemática de fondo, escucharnos en estos foros para que la Suprema Corte de Justicia no nos cuestione la ausencia de consultas a los directamente afectados.
“En el presupuesto que estamos próximos a recibir el 8 de septiembre no se observa algo que tenga que ver con la protección, lo cual indica que no existe interés del gobierno en turno solucionar estos desplazamientos forzados.
Por ende, concretó, estamos aquí para exigir a nuestros compañeros diputados y senadores, que hagan un esfuerzo mayor para que el presupuesto destinado a ese fin sea integrado en 2024.
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