La legisladora dijo que es hora de respaldar iniciativas como la presentada por el vicecoordinador de los diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, porque la idea de la transformación política no puede limitarse a conquistar el gobierno o modificar algunos ordenamientos. “Tiene que cambiar las relaciones entre poder, dinero, instituciones y ciudadanía”.
En ese sentido, Chavira de la Rosa solicitó al nuevo presidente del Senado, Higinio Martínez, hacer suyo este esfuerzo y apoyar la realización de un parlamento abierto que permita discutir, revisar y construir propuestas legislativas para concretar los ordenamientos necesarios para enfrentar la corrupción, que tuvo su punto más evidente con el caso ocurrido en Sinaloa.
En el documento denominado “Hacia una estrategia sistémica para combatir la corrupción en México”, la secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos plantea recuperar propuestas del proyecto “Construyendo México”, donde comparte la visión con Ramírez Cuéllar de que es hora de concretar el objetivo fundacional de Morena: quitar privilegios, erradicar la corrupción y combatir la impunidad.
“En el cierre de la legislatura ya no basta con reiterar esos principios; deben traducirse en mecanismos legales que permitan investigar, sancionar, destituir, recuperar recursos y prevenir nuevas redes de enriquecimiento al amparo del Estado”.
Por ello, añadió, es necesario trabajar en estos meses para que al inicio del nuevo año legislativo se cuente con propuestas e iniciativas concretas en rubros específicos, que abarcan también aspectos económicos para eliminar la simulación y la corrupción.
Propuso que se debe combatir el huachicol fiscal y la facturación de operaciones inexistentes; transparentar licitaciones, adquisiciones y adjudicaciones y profesionalizar la administración pública.
La legisladora se pronunció por realizar diálogos por la transformación democrática del quehacer público, con audiencias, parlamento abierto y otros mecanismos, con el apoyo oficial de ambas cámaras.
Por lo que toca a la eliminación del fuero y la igualdad en la ley, coincidió en que la figura se ha degradado hasta convertirse en una protección indebida para funcionarios, legisladores y gobernantes, usado como refugio frente a posibles responsabilidades, como se ha visto en el caso de Sinaloa, “donde la presidenta debió actuar con una decisión tajante contra la soberbia, el abuso y los privilegios”.
Aclaró que no se trata de borrar la inviolabilidad parlamentaria ni que haya persecución política, sino eliminar que se convierta en una barrera que impida acudir ante la justicia cuando se investiga la probable comisión de un delito.
Además, es importante recuperar el juicio político para examinar atropellos y conductas graves de personas servidoras públicas, especialmente de gobernadores y otras altas autoridades. “Comparto la propuesta de que no debe ser un ritual ni una amenaza selectiva, sino un mecanismo efectivo de responsabilidad, con la consecuente destitución”.
Reiteró la propuesta hecha hace unos meses, de que tras los cambios al Poder Judicial le siga ahora una reforma a las fiscalías y al Ministerio Público, por ser una de las piezas más débiles del sistema de justicia y ello pasa por la autonomía financiera y la designación de sus titulares, para evitar que actúen como tapaderas.
En particular, planteó cambios profundos a la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y la expedición o fortalecimiento de una ley general que homologue las condiciones básicas de las fiscalías anticorrupción en las entidades federativas, a fin de darles presupuesto propio, poder de actuación, autonomía operativa y procedimientos que atiendan la denuncia ciudadana, las pruebas y las evidencias.
“El desafío para morena y para la Cuarta Transformación es especialmente exigente. Su identidad política se construyó alrededor de la honestidad, la austeridad, la lucha contra los privilegios y la cercanía con las bases. Por ello, no puede medir a sus integrantes con un estándar más flexible. Si una persona que llegó al poder mediante ese movimiento reproduce corrupción, nepotismo o enriquecimiento ilícito, el daño rebasa su conducta individual: compromete la credibilidad del proyecto. La regeneración nacional exige actuar aun cuando las consecuencias alcancen a personas cercanas o políticamente útiles”, concluyó la morenista.
