Ciudad de México, 09 de agosto.- La secretaria de la Comisión de Estudios Legislativos, Guadalupe Chavira, confirmó que la ley reglamentaria del artículo 2º. Constitucional será prioritaria en el periodo de sesiones que inicia en unos días, una vez que en octubre llegue la iniciativa que garantiza la libre determinación y autonomía de 70 pueblos indígenas y afromexicano del país para reforzar sus derechos.
Al participar en la Asamblea Regional del proceso de consulta previa, libre e informada sobre la propuesta de Ley General de Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, realizada en Etchojoa, Sonora, la morenista subrayó la importancia de que esta reforma surja de un formato diferente, donde primero se consulta y luego se legisla.
Ante representantes del pueblo Yoreme, autoridades tradicionales, cobanaros y gobernadores de la etnia y otros invitados, la morenista dijo que los reclamos de los pueblos indígenas ya no pueden esperar más porque han pasado más de 500 años en los que fueron invisibles y se les consideraba ciudadanos de segunda.
Subrayó que con esta consulta finalmente se abre la oportunidad de que sean los propios pueblos originarios los que definan los alcances de la ley que el Congreso discutirá en el periodo de sesiones que está por iniciar, respecto a sus sistemas normativos, formas de elección, patrimonio cultural, defensa del territorio y hasta el uso de recursos propios que la reforma constitucional las reconoce.
“Con la reforma constitucional ya no dependen de la voluntad del gobernante, porque ahora tienen derecho de elegir en qué proyectos se gastan los recursos asignados vía el presupuesto federal de forma directa a las comunidades mediante asambleas y administración comunitaria, sin intermediarios y que suman en solo dos años más de 26 mil millones destinados a obras de infraestructura social básica como agua potable, drenaje, electrificación, salud y educación”, recordó Chavira de la Rosa.
Sin embargo, la ley tendrá definiciones específicas que refuercen este derecho, para ser considerado en la discusión presupuestal de 2027.
Dijo que hay que ser empáticos con los reclamos escuchados en esta Asamblea Regional, donde durante dos días los pueblos Seri, Pima y Tohono O’odham (Pápago), Cucapá, Yoreme y Yaqui, entre otros exigieron respeto a sus formas de gobierno, pero también al acceso a un medio ambiente limpio como el del Río Mayo.
“Estamos hablando que con esta reforma se van a beneficiar más de 25 millones de personas indígenas y afromexicanas que forman parte de 16 mil 728 comunidades y el Senado deberá colocarlas como prioridad en su agenda”, concluyó,
Cabe recordar que la propuesta de Ley tiene como objetivo promover, proteger, garantizar e implementar los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afromexicanas como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, para que ejerzan su libre determinación y autonomía, y participen en la vida pública nacional.
