Columna Destacada
Sin tregua contra la violencia política de género.
Por: Blanca Alcalá Ruíz
Vicecoordinadora de la bancada del PRI de la Cámara de Diputados
A partir de que la igualdad de género es una realidad en la asignación de las candidaturas a puestos de elección popular, es evidente que se ha incrementado la violencia política en contra de las mujeres.
Aunque, las mujeres que decidimos participar en la política tenemos claro que el incorporarnos a las decisiones públicas y la lucha por el poder no es una tarea fácil, no por ello estamos dispuestas a normalizar la violencia en todas sus expresiones.
La política no debe ser un juego para ruines y villanos.
Con base a datos del Instituto Nacional Electoral (INE), con corte del 12 de enero de 2023, 260 personas están inscritas en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género, de las cuales 215 son hombres y 45 mujeres.
Por entidad federativa, los estados con mayor número de personas sancionadas son: Oaxaca (82), Veracruz (36), Tabasco (29), Chiapas (18), Baja California (14), Baja California Sur (13), Sonora (12), Chihuahua y Guanajuato (9 cada uno).
Por tanto, una de las grandes batallas en 2024, además de la renovación del Ejecutivo Federal, la totalidad del Congreso de la Unión y nueve gubernaturas en disputa, será eliminar por completo la violencia política de género.
El reto será muy grande, si tenemos en cuenta que en las últimas semanas desde la mañanera hemos sido testigos de actos que podrían considerarse como violencia política en razón de género en contra de las mujeres.
No podemos tolerar que desde Palacio Nacional se fomente la violencia política de género al emitir comentarios misóginos y machistas que vulneran la integridad de todas las mujeres.
Si así se comporta el titular del Ejecutivo Federal qué podemos esperar de los demás aspirantes.
La contienda política-electoral no debe trascender al ámbito personal y de la vida privada de las y los posibles candidatos.
Vivimos una etapa en donde se debe de erradicar la violencia en todas sus expresiones y el plano político no es la excepción.
El jefe del Ejecutivo Federal debe respetar las leyes como la Ley 3 de 3 y ser un ejemplo para que los demás actores políticos no incurran en esta práctica.
No hay que olvidar que la Ley 3 de 3 se trata de una medida disuasoria para que quienes tengan antecedentes como deudores de pensión alimenticia, acosadores o agresores por razones género no puedan aspirar a ninguna función pública o cargo de elección popular.
Que quede claro que la 3 de 3, aborda tanto al Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y su aplicación incluye al gobierno federal, estados y municipios.
Debemos incidir favorablemente en la ética pública y política, en beneficio de la sociedad en su conjunto.
Lo anterior contempla a delitos cometidos contra la vida y la integridad corporal, la libertad y seguridad sexuales, o el normal desarrollo psicosexual; violencia familiar, violencia familiar equiparada o doméstica; violencia política contra las mujeres en razón de género, e incorpora también a los deudores alimentarios.
Que se pongan a temblar todas aquellas personas que hayan sido sentenciadas por actos de violencia de género, ya que no podrán ser registradas como candidatos ni podrán ser nombradas para empleos, cargos o comisiones en el servicio público.
El gran desafío de la Ley 3 de 3 contra la violencia, es que sea aplicada con todo rigor en los próximos comicios para que nunca más llegue un violentador al poder, ni al servicio público de los tres órdenes de gobierno.
La violencia contra las mujeres es un fenómeno que lacera el tejido social, toda vez que daña de manera irreparable la dignidad y la vida de mujeres y niñas, limitando, restringiendo y anulando sus derechos y sus libertades fundamentales.
