“La violencia contra las mujeres es estructural y sistémica, por lo que el desempeño de los órganos que imparten justicia es fundamental en la garantía y el ejercicio efectivo del derecho de las mujeres a una vida libre de violencia”, señaló la Diputada Adriana Bustamante durante la presentación de su iniciativa con proyecto de decreto por el que se reforma el último párrafo del artículo 325 del Código Penal Federal.
“La iniciativa para la que hoy pido el apoyo de todas y todos, representa un paso en la lucha de las mujeres por exigir una deuda histórica que involucra al agresor, pero también a la autoridad encargada de procurar justicia”, añadió la legisladora federal por Chipas.
Ante el pleno de la Cámara de Diputados, Bustamante Castellanos cuestionó: “¿cuántos feminicidios han quedado impunes o se han clasificado cómo homicidios culposos o dolosos en el mejor de los casos, por la falta de sensibilidad y de pericia de nuestras autoridades al momento de llevar a cabo una investigación, porque parecía irrelevante resguardar debidamente la escena de los hechos?”
“Con mucha tristeza les comparto que hasta el 2021, la cifra de carpetas de investigación en materia de delitos relacionados con violencia contra las mujeres no resueltas, acumulaban más de 23 mil casos; este dato refleja las carencias y poca sensibilidad de nuestras fiscalías y sus fiscales frente a la violencia de género. Pero lo realmente alarmante es que estas carpetas de investigación, por falta de pruebas, pueden durar años abiertas sin resolver absolutamente nada”, indicó la diputada Bustamante.
“Este fue el caso de Karla Yesenia, una joven de apenas 21 años de edad que, en el 2018, fue encontrada sin vida en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Su cuerpo tenía huellas de violencia, un hombre fue detenido como presunto responsable, múltiples pruebas fueron desestimadas y, después de 4 años, la familia espera una sentencia favorable al amparo 161/2022 que reclasifique el delito cómo feminicidio, con la única intención de que el responsable cumpla una condena mayor en prisión”, puntualizó.
Acompañada en tribuna de diputados de su bancada, la diputada de Morena, destacó que “este caso, al igual que el de Ariadna Flores y muchos otros más, demuestran que los actos u omisiones en el debido proceso durante una investigación, repercuten significativamente en una sanción efectiva por parte de la autoridad encargada de la administración de justicia”.
“Por lo anteriormente expuesto, esta iniciativa tiene por objeto incorporar al artículo 325 del Código Penal Federal que “el servidor público que retarde o entorpezca maliciosamente o por negligencia, por acción u omisión, la procuración o administración de justicia para resolver un delito de feminicidio, se le impondrá pena de prisión de tres a diez años y de quinientos a mil quinientos días de multa, además será destituido e inhabilitado de tres a diez años para desempeñar otro empleo, cargo o comisión públicos” concluyó.
