El Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo pidió a la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales del estado de Coahuila (Fede), a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral y a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) investigar sobre la presunta compra y entrega de despensas por parte del gobernador priísta de Coahuila, Miguel Riquelme Solís, la cual viola los principios de equidad, certeza, objetividad y legalidad del proceso electoral que está en curso en la entidad.
En conferencia de prensa el senador Gonzalo Yáñez, acompañado del diputado federal Benjamín Robles Montoya, ambos del Partido del Trabajo, anunciaron la presentación simultanea en ambas Cámaras de un punto de acuerdo, en el que además exigen medidas cautelares para detener el reparto de despensas por parte del gobernador.
«En estos días el gobierno del estado de Coahuila, encabezado por el gobernador Riquelme, está llevando a cabo una entrega masiva de despensas casa por casa; es decir, un derroche, una dilapidación de recursos públicos apoyando la campaña electoral de su partido el PRI, de manera abiertamente ilegal.», denunció el senador por Durango.
Los legisladores llamaron al Instituto Nacional Electoral a garantizar comicios apegados al estado de derecho en Coahuila, «porque el Consejo del INE se llena la boca diciendo que ellos son los garantes de la democracia y que la democracia no se toca, pero resulta que en Coahuila sí están tocando la democracia, porque ya se están viendo vicios antidemocráticos», apuntó Gonzalo Yáñez.
Ambos legisladores señalaron que de acuerdo con medios de comunicación la compra y repartición de despensas han caracterizado los 6 años de gobierno de esta entidad.
«De 2018 a 2021, su administración gastó 2 mil 178 millones 646 mil 870 pesos a través de los programas ‘Apoyo Alimentario’ y ‘Apoyo a Familias Coahuilenses’ en servicios que incluyeron la elaboración de paquetes con alimentos; su distribución en miles de puntos a población vulnerable; y un sistema de control de las entregas», detallaron.
Sin embargo, resaltaron que los indicadores de pobreza, lejos de disminuir, han aumentado en la entidad según los resultados de Medición de la Pobreza 2020 del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, donde se reveló que la población en pobreza pasó de 6.6% en 2018 a 8.9% en 2020.
Y el grupo en extrema pobreza pasó de 1.5% a 2.6%, incrementos a pesar de la errónea política social de Riquelme Solís en la repartición de despensas.
En el documento que será presentado ante el Pleno de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados, se señala que los recursos públicos conformados con la justificación de beneficiar a los más pobres fueron asignados a cuatro empresas en procesos en los que los fallos de las licitaciones quedaron en la opacidad.
«Según se documentó, la cadena de compras de despensas se inició en mayo de 2018, cuando Riquelme Solís tenía cinco meses de haber tomado posesión. Ese primer contrato fue por 504 millones 904 mil 400 pesos y fue para suministrar despensas en los 38 municipios», detallaron.
Posteriormente hubo «otras contrataciones», un artilugio utilizado por algunos gobiernos para no revelar si hubo un procedimiento de competencia (licitación pública), donde se simula sí se llamó a tres empresas o si se adjudicó de manera directa.
De esa manera, en 2019 y 2020 Grupo Industrial Vida SA de CV ganó un contrato por 443 millones 283 mil 363 pesos y otro por 612 millones 568 mil 807.
«La dinámica de reparto de despensas en pleno proceso electoral representa una inequitativa e injusta ventaja a favor del candidato oficialista. Los recursos públicos fueron asignados de manera opaca. Por ello, es fundamental que las autoridades electorales investiguen, sancionen y soliciten aquellas medidas cautelares necesarias para detener el reparto de despensas en el estado de Coahuila», urgieron los legisladores.
