Clemente Castañeda, coordinador parlamentario de Bancada Naranja declara que toda responsabilidad que la estrategia política del hoy Presidente de la República durante los últimos 25 años ha consistido justamente en erosionar la legitimidad de los procesos electorales. Algunas veces con razón, otras veces no. Por ello, no me sorprende en absoluto que la reforma que hoy pretendemos votar construida, por cierto, desde las altas esferas del poder público en este país consista y tenga como objetivo precisamente debilitar y dañar al sistema electoral.
Esta reforma está planteada y procesada de una manera inaceptable en términos democráticos. Se redacta desde el poder para mantener el poder y se construye a partir de la exclusión de las distintas fuerzas políticas, sí, las ajenas al régimen, y distanciándose abierta y confesamente de cualquier idea de diálogo y de pluralismo político.
Cada reforma electoral, ya se dijo aquí, en la historia de México tiene propósitos y orígenes distintos. La mayoría de ellas surgidas desde las oposiciones o desde la presión ciudadana a diferencia de lo que estamos discutiendo en este momento. Aquellas reformas buscaron impulsar la representación política de las minorías partidistas, dotar de imparcialidad al árbitro electoral ciudadanizándolo, garantizar la contienda en las elecciones.
La pregunta que yo les hago el día de hoy en voz alta es: ¿cuál es el propósito de esta reforma electoral? Y la única respuesta que tengo es que el propósito es desmantelar en su conjunto el sistema electoral enfocando las baterías en el árbitro electoral. Sí, compañeras y compañeros, hay un profundo odio al INE en esta reforma y eso hay que decirlo con absoluta responsabilidad.
Y nadie dice que no haya cosas qué modificar en nuestro sistema electoral, pero lo que está haciendo esta reforma, y quiero ser muy enfático en ello, es hacerle un traje a la medida al Presidente de la República para su estilo personal de gobernar. Es un traje a la medida del nuevo régimen que quieren instaurar, es decir: discrecionalidad para los partidos, impunidad para los candidatos y delincuentes electorales, reglas ventajosas para la mayoría y sus satélites, órganos electorales débiles y sin capacidades institucionales.
Y todo eso con una profunda y simbólica omisión de no tocar ni con el pétalo de un artículo los temas verdaderamente apremiantes de nuestro sistema electoral, por ejemplo: la intromisión del crimen organizado; por ejemplo, la violencia política y el dinero sucio en las campañas electorales.
