• La política neoliberal de administraciones anteriores permitió a empresas extranjeras llevar a cabo una intensa explotación de los recursos minerales que ocasionó contaminación del subsuelo y los mantos acuíferos, además de despojo a las comunidades y conflictos socioambientales: Raquel Bonilla.
• Con la iniciativa se da el primer paso importante para romper con más de 30 años de saqueo en beneficio de privados que atropellaban la Constitución y los derechos humanos por una ganancia económica: Adriana Bustamante.
La Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen de la reforma en materia minera, con el que se pone fin al modelo establecido por el neoliberalismo donde se priorizaba la explotación del subsuelo y los recursos hídricos, en perjuicio de la población, en especial de los sectores más desfavorecidos.
Con 290 votos a favor, 186 en contra y 1 abstención se dio trámite en sentido positivo a la iniciativa que modifica la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, y la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.
Al presentar su posicionamiento sobre la iniciativa, la diputada Raquel Bonilla Herrera, integrante del grupo parlamentario de Morena, explicó que la propuesta tiene como objetivo que la nación recupere la rectoría de los recursos minerales e hídricos que se encuentran en el subsuelo para evitar su sobreexplotación.
“Con estas reformas propuestas se garantiza que los beneficios sean destinados a las comunidades y no a intereses particulares”, dijo desde la máxima tribuna de México.
Asimismo, recordó que la política neoliberal de administraciones anteriores permitió a empresas extranjeras llevar a cabo una intensa explotación de los recursos minerales que ocasionó contaminación del subsuelo y los mantos acuíferos, además de despojo a las comunidades y conflictos socioambientales.
“Es el momento de rescatar, fortalecer y enriquecer el sector minero de nuestro país. Es el momento de recuperar nuestra soberanía nacional sobre los minerales y sustancias que se extraen”, agregó.
En su oportunidad, la diputada Adriana Bustamante Castellanos, de la bancada guinda, señaló el desplazamiento que las comunidades indígenas sufren por el sector minero, el cual está catalogado como una actividad preferente, auspiciada por una legislación que permite el despojo.
“El actual marco legal ha alentado el otorgamiento indiscriminado de concesiones mineras que sobrepone los fines empresariales al interés nacional y a los derechos de los pueblos originarios, afrodescendientes y, sobre todo, de todas las personas”, declaró.
Señaló la necesidad de que las empresas mineras respeten el medio ambiente, los derechos humanos y a las comunidades indígenas, a quienes deben consultar antes de que inicien con los proyectos.
Manifestó que a través de la iniciativa se da el primer paso importante para romper con más de 30 años de saqueo en beneficio de privados que atropellan la Constitución y los derechos humanos por una ganancia económica.
