- Necesario avanzar en una política que logre que todas las personas puedan adquirir una vivienda adecuada, dijo
- Propone reasignar recursos presupuestarios, por un monto de 715 millones 603 mil 435 pesos, sostuvo
“De acuerdo con la Encuesta Nacional de Vivienda (ENVI) 2020, en nuestro país, el 56.8% de las personas que planean comprar un inmueble lo hará a través de un crédito informal, por no tener acceso a un crédito del INFONAVIT o FOVISSSTE”, informó la diputada Lilia Aguilar Gil, del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT).
La legisladora por Chihuahua refirió que con la llegada de la Cuarta Transformación se han llevado a cabo esfuerzos para avanzar en una política que logre que todas las personas tengan acceso a una vivienda adecuada; sin embargo, persiste un lamentable rezago que afecta a personas que no cuentan con seguridad social.
Ante ello, presentó un punto de acuerdo para exhortar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), para que lleve a cabo una revisión en materia del gasto del ejercicio 2023, a fin de reasignar recursos remanentes, por un monto de 715 millones 603 mil 435 pesos, que amplíen los asignados al ramo 15, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano.
Asimismo, la presidenta de la Comisión de Vivienda en la Cámara Baja detalló que el punto de acuerdo también solicita a la Secretaría de Hacienda a que asigne y mantenga los recursos de la ampliación solicitada en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación para 2024.
Afirmó que es de suma importancia impulsar dicho fortalecimiento presupuestal, a efecto de atender con mayor eficacia el rubro de Vivienda Social, pues es precisamente el que más rezago presenta. “Éste atiende el acceso de este derecho a personas en condición de pobreza o vulnerabilidad”.
Explicó que, en diversas oportunidades, la comisión a su cargo ha solicitado encuentros para analizar la pertinencia de ampliaciones al presupuesto; no obstante, aún no se ha concretado una reunión con la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, lo que impide que se cristalice la asignación de estos recursos.
Cabe señalar que la solicitud de recursos para el Programa Vivienda Social obedece a un trabajo permanente con los institutos de vivienda de las entidades federativas, que mediante oficios signados por los titulares del Ejecutivo local han comprometido destinar una cantidad idéntica a la que destine la federación para realizar acciones de vivienda social.
“En ese sentido, el esquema de financiamiento para vivienda social sería pari passu, es decir, un peso estatal por cada peso que ponga la federación. Me parece importante destacar que los recursos solicitados posibilitan el objetivo primario de que las personas cuenten con una vivienda adecuada; además, de exhortar a mantenerlos en los siguientes ejercicios fiscales, lo que redundará en el desarrollo económico de nuestra nación”, concluyó.
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