Ciudad de México.- 11 de octubre de 2023.
Los legisladores podrán buscar la reelección con otra fuerza política si presentaron la renuncia a su anterior partido antes del 31 de agosto de 2021.
El magistrado Indalfer Infante Gonzales propuso que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) valide las reglas del Instituto Nacional Electoral (INE) para prohibir a los diputados y senadores que pretendan postularse por un partido o distrito diferente.
Asimismo, el instituto planteó que es necesario regular a aquellos aspirantes sancionados por violencia de género.
De acuerdo a la información publicada por Milenio, que tuvo acceso al proyecto, el magistrado consideró que los reclamos presentados en contra de las medidas con las que se busca eliminar el chapulineo son infundados.
Esto, al considerar que el derecho de elección consecutiva está sujeto a regulaciones y limitaciones.
Infante resaltó que la Constitución indica que si bien los legisladores pueden reelegirse, deberán hacerlo como miembros del mismo instituto político que los llevó a tener su cargo originalmente. “Los senadores o senadoras podrán ser electos hasta por dos periodos consecutivos y los diputados hasta por cuatro periodos consecutivos. La postulación sólo podrá ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que los hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato”, recordó.
Con esto, sentenció que un legislador sólo podrá postularse por otro partido si la “renuncia (fue) presentada hasta el 31 de agosto de 2021 para el caso de las senadurías y hasta el 28 de febrero de 2023 en el caso de diputaciones”.
Al hablar de violencia política de género, Infante recordó que “la sala superior ha determinado que las autoridades deben implementar mecanismos y herramientas para fortalecer la política de prevención y combate a la violencia hacia las mujeres, por lo que el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral encuentra justificación constitucional”.
