La legisladora sinaloense aseguró que el ingreso mensual cubriría el sustento de las familias y sería una ayuda para las labores de búsqueda, frente a la ineficacia de las comisiones para localizar a las personas desaparecidas.
Precisó que estas personas muchas veces recurren a subemplearse o conseguir recursos para continuar la búsqueda de sus seres queridos.
La diputada federal Paloma Sánchez Ramos presentó una iniciativa que reforma el artículo 57 de la Ley General de Víctimas, la cual busca establecer que los familiares de desaparecidos y las víctimas que así lo requieran, reciban un apoyo económico mensual en pro de salvaguardar la integridad familiar y sus necesidades materiales.
En su exposición de motivos, la integrante del Grupo Parlamentario del PRI sostuvo que, frente a la ausencia de respuestas y los largos periodos de búsqueda sin éxito, las familias deben contar con un apoyo económico por parte del Estado mexicano, porque, indicó, muchas veces recurren a subemplearse o conseguir recursos para continuar esta labor de encontrar a sus seres queridos.
Explicó que la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala que los familiares de personas desaparecidas tienen derecho a las medidas de atención y asistencia, pero no existe un señalamiento expreso a recibir una ayuda económica ni a un plazo específico para ser beneficiaria.
La legisladora priista por el estado de Sinaloa subrayó que el ingreso mensual cubriría el sustento de las familias y sería un aporte para las labores de búsqueda que se han visto obligadas a realizar frente a la ineficacia de las comisiones de búsqueda para localizar a las víctimas de desaparición.
Esta incapacidad de las políticas públicas, destacó, queda de manifiesto porque las familias han formado más de 60 colectivos en todo el país y realizan búsquedas por cuenta propia.
En ese sentido, Sánchez Ramos anotó que a la fecha todavía no existe un Plan Nacional de Búsqueda y el trabajo de las comisiones locales encargadas de esta labor se ve entorpecido por falta de recursos y apoyos desde el gobierno federal.
Por ello, recalcó, este proyecto promueve que la federación y las entidades federativas garanticen un ingreso mensual en beneficio de las víctimas y sus familiares.
