La bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México se quitó la máscara y dio la espalda la ciudadanía al impedir que las alcaldías cuenten con sus propios programas sociales, centralizando los apoyos a la población y a la discrecionalidad del gobierno central, consideró la fracción parlamentaria del PAN en Donceles y Allende.
Con una votación de 39 sufragios a favor y nueve en contra se avaló el artículo 60, fracción II de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México que establece: “se deberá evitar la duplicidad, entendida esta cuando todos o los principales atributos y componentes de dos o más programas tienen coincidencias o son idénticos”.
El presidente de la Comisión de Planeación del Desarrollo. Ricardo Rubio, desde la tribuna, advirtió sobre las serias afectaciones que tendrá la ciudadanía al ver reducidos los apoyos que constantemente reciben.
Señaló que con la nueva ley ahora las alcaldías tendrán que pedir “permiso” al gobierno central para realizar acciones en materia social que beneficien a sus habitantes, además que la determinación viola la constitución.
“La redacción de esta violenta el artículo 70 de la Constitución de la Ciudad de México que establece: En materia de derechos y libertades reconocidos en la Ciudad de México, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen, podrán reformarse para ampliarse , proteger y garantizar los derechos de las personas, nunca en su menoscabo”.
Incluso,mencionó que la determinación afecta a las personas de la tercera edad que recibían apoyos de la alcaldía, gobierno local y federal, bajo el argumento de que no debe existir duplicidad de programas.
De esta manera, los legisladores de Morena dieron un fuerte golpe a la ciudadanía, en el que sólo esperaron que pasara el proceso electoral, para arrebatarles los beneficios que venían recibiendo.
Durante la discusión de la Ley del Derecho al Bienestar e Igualdad Social para la Ciudad de México, el coordinador de la bancada del PAN, Federico Döring, reconoció que en comisiones se eliminó la disposición de que los programas sociales estaban sujetos a la disponibilidad de los recursos económicos, con lo que se hubieran hipotecado los apoyos a la ciudadanía.
