Ante el aumento de delitos que se comenten a través de líneas telefónicas móviles, la diputada federal, Juanita Guerra Mena propuso una iniciativa con la que busca reafirmar y perfeccionar los convenios de colaboración institucionales para desincentivar y castigar la extorsión telefónica.
Para ello, la legisladora refirió que su propuesta señala que tanto los números telefónicos como los móviles deberán inhabilitarse, si se tiene reporte de su uso en la comisión del delito de extorsión, tal puntualidad, explicó, es necesaria, pues la cooperación que ya establece la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión no se ejerce por un vacío legal.
La también presidenta de la Comisión de Seguridad Ciudadana apuntó que la normatividad vigente indica que los concesionarios de telecomunicaciones deben proveer a la autoridad información de los aparatos móviles y ubicación digital de las líneas telefónicas que se requieran, además de tomar medidas técnicas para conservar dicha información.
Sin embargo, aclaró, este mecanismo de cooperación de suma importancia “no se cumple debido a que, como consecuencia de la redacción y la arquitectura de esta parcialidad normativa, no se establece que sea obligación de la autoridad investigadora la solicitud de información o de desactivación tanto de aparatos de telefonía celular, como de las líneas telefónicas utilizadas para la comisión de delitos”.
Ante este vacío jurídico, Guerra Mena señaló que “es fundamental perfeccionar el mecanismo de colaboración, a fin de que los reportes de números telefónicos utilizados para extorsión, no quede en el anecdotario”.
Por ello, la parlamentaria explicó que la iniciativa en comento propone reformas en dos aspectos: el primero, a la Ley de la Fiscalía General de la República,” a fin de que esta instancia de procuración de justicia requiera obligatoriamente y de manera mensual a los concesionarios, la cancelación de las líneas telefónicas reportadas como de uso para extorsión, así como de la cancelación del teléfono utilizado”.
