- La rápida evolución de la tecnología genera que ciertos sectores de la población no estén conectados a la misma, lo que puede generar aislamiento: dip. Jaime Baltierra
- Mujeres, ancianos, personas con discapacidad, minorías étnicas, grupo indígenas se pueden rezagar; vital reconocer la importancia de la informática como nueva forma de poder político y social, afirmó
El diputado federal, Jaime Baltierra García, presentó iniciativa que adiciona el artículo 4° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de protección de derechos humanos ante las nuevas innovaciones científicas y tecnológicas y que el Estado garantice que este desarrollo, así como el acceso al internet, esté al servicio de todas las personas y se lleve a cabo con respeto a la vida, integridad moral, física y psíquica de las mismas.
Al respecto, el legislador del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo (GPPT), señaló que, derivado de la rapidez en la que ha evolucionado la tecnología, existen ciertos sectores que aún no están conectados a la misma, lo que trae como consecuencia que se aíslen de los beneficios de esta nueva era y se rezaguen en comparación a los demás.
Detalló que muchas de las personas que se quedan atrás son mujeres, ancianos, personas con discapacidad o miembros de minorías étnicas o lingüísticas, grupos indígenas y residentes de zonas pobres o remotas; añadió que el ritmo de la conectividad se está ralentizando, incluso, invirtiendo en algunos grupos y por ello, en México, se debe reconocer la importancia de la informática como una nueva forma de poder político y social.
Precisó que es deber de la legislación considerar el avance de las nuevas tecnologías y cómo pueden aportar estas al desarrollo de las comunidades, sin que se vulneren sus derechos, sobre todo si se considera que todo este progreso, así como el uso del internet, espacio que se ha vuelto predominante para las nuevas generaciones, convergen en el accionar político, la educación y el conocimiento del mundo globalizado.
“Ante este nuevo contexto, se reclama de la ciencia, el derecho, la ética, la economía y la política una responsabilidad tecnológica, es decir, una actitud reflexiva, crítica y consciente de los nuevos problemas que, en los diversos ámbitos sociales, puede suscitar la innovación tecnológica; conflictos y retos de los que la sociedad, disciplinas científicas y humanidades no pueden permanecer insensibles”, concluyó el congresista.